
“Ese decreto Nº2 está absolutamente vigente y ha tenido continuidad en estos siete años y meses de gestión; es una facultad exclusiva de cada cabeza de Poder de establecer la política salarial de sus funcionarios”, enfatizó Saiz.
“No se puede decretar la suspensión de la aplicación de una ley ni de un decreto si no es a través de los dictados de sentencias judiciales de inconstitucionalidad, caso que nos ocupa no ha ocurrido”, agregó.
Saiz aclaró su tesitura que “este gobernador, que ha sido siempre respetuoso por convicción y formación de la libertad de poderes, va a seguir abonando los adicionales por responsabilidad funcionales a sus funcionarios, porque no solo creo legítimo y merecedor ganar un ministro 11.124 pesos de bolsillo, sino porque creo que, además, tienen carácter alimentario. Y si algún calificativo o adjetivo le queremos poner a ese importe, es el de pijotero. Que quede bien y absolutamente claro”.
(Fuente:ADN)
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