Suspenden el pago de plus en la administración pública

(Viedma) El juez Carlos Reussi, titular del Juzgado N º 2 de Viedma, decretó la suspensión de la ejecución de la partida N°159 - con la que se pagan los adicionales por dedicación exclusiva funcional para autoridades gubernamentales superiores- con lo que en la práctica el Estado provincial no podrá abonar el plus salarial que el Gobierno dice se reparte a la gran mayoría de los funcionarios del Poder Ejecutivo.

Concretamente, Reussi decretó - en la causa por presunto pago de sobresueldos - preventivamente la medida cautelar de suspender la ejecución de la partida N 159, de la actividad 02, del programa 01, según decreto 1091/09, denominada “otras asignaciones al personal”, mientras dure la tramitación del presente proceso (art. 23 del C.P., en función de los arts. 179 y ccs. del C.P.P., y subsidiariamente, arts. 195 y ss. del C.P.C. y C.).

El juez consideró que la medida de suspender la ejecución de la polémica partida “aparece como indispensable para a los fines de evitar que se multiplique o acreciente el monto del perjuicio irrogado al erario público provincial, pues la emisión mensual de una resolución como la aludida generaría la ampliación de los efectos del ilícito durante la duración del proceso y mes a mes hasta su culminación”.

Entre otras explicaciones, Reussi, puntualizó que se libraban cheques cobrados en efectivo por los beneficiarios en una metodología “reñida con el supuesto destino a remuneraciones o salarios invocado, soslayando la bancarización vigente, separando los fondos del control de la administración y generando un emolumento no declarado”.

Del contenido de un expediente administrativo, el juez advirtió que “constituye el libramiento reiterado de sendas órdenes de pago a favor de funcionarios y ministros que, alternativamente, son cobrados en efectivo por el beneficiario en el banco, con destino incierto en lo sucesivo, donde aún si tras ese cobro fuese derivado al pago de suplementos salariales por dedicación exclusiva u otros conceptos, no se vislumbra ni el mecanismo de distribución ni la justificación de ese proceder o lo ajustado, en su caso, de los importes asignados….”.

Reussi estimó prudente el planteo formulado por el fiscal Marcelo Álvarez de promover la medida cautelar de suspensión porque “de continuar la vigencia de la ejecución presupuestaria en estas condiciones, en los hechos podría frustrar en todo o en parte el accionar de la investigación y no se estaría procediendo a hacer cesar los efectos de lo investigado”.

A todo esto, en Casa de Gobierno se sucedieron distintas reuniones entre funcionarios y abogados asesores para analizar la medida judicial, mientras que la Fiscalía de Estado evaluará mañana los pasos a seguir en esta polèmica cuestión.

(Fuente: ADN)